El 1 de abril del 2020, un grupo variado
compuesto por profesionales, asociaciones de personas mayores y con diversidad
funcional, usuarias y familiares relacionadas con el cuidado de larga duración y expertos de distintos ámbitos, nos
posicionamos con firmeza a través de la Declaración “Ante
la crisis del COVID-19: la oportunidad de un mundo mejor”. Un manifiesto público
en favor de un necesario cambio en el modelo de cuidados de larga duración en
España que tuvo una amplia difusión y que recabó más del millar de firmas.
En esos momentos, no podíamos
imaginar las consecuencias que acarrearía esta nueva amenaza vírica para las
personas más vulnerables, especialmente, para quienes vivían en residencias. Solo
un dato: España figura en los primeros puestos del ranking europeo de
fallecimientos durante la pandemia y todavía más arriba en los porcentajes de
fallecidos en residencias de personas mayores.
En este escrito, reclamábamos la
revisión urgente de nuestro modelo de cuidados de larga duración para así poder
dar respuestas diversas, globales y ecosistémicas adaptadas a las necesidades y
preferencias de las personas. Nuestra
intención era no solo evitar en el
futuro situaciones semejantes a las vividas, sino también generar reflexión
sobre el rumbo que debería orientar dicha transformación, situando en todo
momento a las personas en el centro de la atención, protegiendo sus derechos y
apoyando vidas que merezcan la pena ser vividas.
En los dos últimos años se ha ido
generando abundante reflexión y propuestas documentadas desde todos los ámbitos
concernidos en este complejo asunto: personas mayores y familiares afectados,
profesionales procedentes de diversas disciplinas, asociaciones e instituciones
diversas que se han posicionado en defensa de los derechos de las personas, víctimas
de un sufrimiento injustificable y excesivo.
Las residencias se han situado en
el foco de la atención porque, junto con el elevado número de fallecimientos y
el sufrimiento experimentado, ha aflorado nuevamente ese rechazo histórico a estos
recursos por buena parte de la ciudadanía. Lo cual no significa dejar de
reconocer el inconmensurable esfuerzo y entrega de los miles de profesionales y
de familias que han puesto en riesgo su salud y sus vidas por garantizar un
cuidado digno a las personas que acompañan.
En este contexto de crisis, la
acción de organismos internacionales como la OMS o la UE no se ha hecho
esperar. En este último caso, la aspiración de favorecer esa transformación de
los cuidados de larga duración ha venido acompañada de recomendaciones claras y
explicitas por parte del órgano comunitario, así como de importantes dotaciones
de fondos (Next Generation) destinadas a hacer posible un cambio de modelo que
reclama un giro en un doble sentido.
- Por un lado, un desarrollo decidido de los servicios domiciliarios, coordinados en el ámbito comunitario, integrando apoyos flexibles y diversos -además de los clásicos sociales y sanitarios- de modo que se pueda garantizar lo que las personas deseamos, que no es otra cosa que poder permanecer en nuestro entorno y en conexión social.
- Por otro lado, afrontar un proceso de desinstitucionalización, el cual es exigido en el art. 19 de la Convención de derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2007). Una propuesta que pretende transformar las actuales plazas residenciales en entornos domésticos, hogareños, modulados en grupos pequeños de personas en situación de dependencia grave y, cómo no, disponiendo progresivamente de más habitaciones individuales, elemento esencial para garantizar la intimidad de quienes allí viven.
Desde la Secretaría de Estado de
Derechos Sociales, se ha trabajado con un claro compromiso en esta línea,
siguiendo las recomendaciones europeas y poniendo a disposición los deseados
fondos económicos que contribuyan a afrontar este itinerario, complejo, largo,
lleno de incertidumbres, pero claramente dirigido a mejorar el bienestar de las
personas.
Pretender lograr un acuerdo nacional
de criterios mínimos para la acreditación y calidad de los centros y de los
servicios de atención a la dependencia, ha sido un planteamiento valiente y necesario.
El proceso seguido en estos meses, de gran complejidad por la diversidad de
miradas e intereses, ha contado con la participación de diferentes agentes y
ámbitos y se ha caracterizado por la escucha.
El actual borrador de acuerdo, con
sus luces y sus sombras, supone un salto cualitativo frente al modelo que todavía
prevalece en el sector. Sin embargo, parece que hasta el momento no se ha conseguido
el imprescindible consenso que permita avanzar desde realidades diferentes
hacia un mismo propósito.
Esta situación actual de bloqueo
nos preocupa enormemente y, de nuevo, desde nuestro compromiso profesional y
ciudadano, queremos compartir nuestra alarma. Porque no llegar a un acuerdo
implicaría renunciar a una oportunidad, quizás única, que la pandemia,
visibilizando las carencias ya conocidas por muchos, nos ha posibilitado.
Por esto, a través de este
escrito queremos hacer una llamada a la reflexión, al compromiso con las
personas y a la altura de miras. Necesitamos afrontar un proceso de
transformación serio, honesto, sin interferencias ni intereses políticos ajenos
a este asunto. Hay quienes consideran que las propuestas son insuficientes,
pero hay que tener en cuenta que partimos de muy atrás, de un modelo sumamente
insatisfactorio e inadecuado y de unas enormes dificultades para avanzar. En
todo caso, lo que no es admisible admitir, como se ha escuchado en estos días
por parte de algunas voces que, en realidad, el modelo actual no precise
cambios. ¿Nos hemos ya olvidado de las
muertes y de las carencias visibilizadas? ¿Obviamos la evidencia científica
existente sobre las limitaciones de los macrocentros para ofrecer un buen
cuidado? ¿Estamos dispuestos a seguir ignorando el necesario avance en
competencias profesionales y en su correspondiente remuneración y mejora de las
condiciones de vida y trabajo? Y sobre todo ¿dónde queda la dignidad, el bienestar,
la salud y la autonomía de los ciudadanos que viven en residencias?
No cabe aceptar incongruencias
entre discursos declarativos sobre la necesidad del transformar el actual modelo
de cuidados y decisiones posteriores orientadas desde otros intereses. Estamos
ante un cambio que obviamente precisa de una financiación suficiente, pero sin
olvidar que esta debe ir necesariamente ligada al control de la calidad
dispensada, de la garantía de los derechos de las personas que necesitan cuidados,
promoviendo el desarrollo profesional, el trabajo decente y permitiendo la real
participación de las familias en los centros.
Exigimos, por tanto, que los
responsables políticos promuevan y lideren este necesario cambio cultural,
alcanzando los consensos imprescindibles para desarrollar un sistema de
cuidados de larga duración equiparable al de nuestros homólogos europeos.
Es momento de compromiso real, de
decisiones basadas en el conocimiento, de altura de miras y de poner, de
verdad, a las personas en el centro de las prioridades políticas. Porque las
personas lo merecemos. Porque el cuidado ha de ser entendido como un asunto
social, ético. Y por tanto del máximo interés y responsabilidad política.
- Mayte Sancho Castiello. Psicóloga gerontóloga.
- Teresa Martínez Rodríguez. Dra. en Ciencias de la Salud, psicóloga gerontóloga. Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias.
- Pura Díaz-Vega. Psicóloga gerontóloga.
- Dolors Comas d´Argemir. Antropóloga. Catedrática emérita de la URV.
- Adelina Comas Herrera. Economista. London School of economics.
- Gerardo Amunarriz Pérez. Dr. en Economía. Director General de Matía Fundazioa.
- Fernando Fantova Azcoaga. Dr. en Sociología. Consultor social.
- Pilar Regato Pajares. Médica de Atención Primaria de Salud. Responsable del grupo de personas mayores de la SEMFYC.
- María Izal Fernández de Troconiz. Dra. en
Psicología. Catedrática. UAM.
- Ignacio Montorio Cerrato. Dr. en Psicología. Catedrático. UAM.
- Joseba Zalakain Hernández. Periodista. Director del SIIS.
- Victoria Zunzunegui Pastor. Dra. en Epidemiología. Profesora honoraria de la U. Montreal.
