Las unidades de convivencia modelo hogareño. No todo vale.

 

En esta nueva entrada quiero presentar el documento Nº 8 de la Serie Acpgerontología. Una serie que desde hace años comparto en modo abierto en la Web Acpgerontologia con el propósito de difundir el conocimiento que se va generando en relación a algunos temas de especial interés en la aplicación del enfoque Atención Centrada en la Persona en el ámbito de los servicios gerontológicos. Un informe que lleva por título Las unidades de convivencia modelo hogareño, alternativa a las residencias de personas mayores institucionales.  

Tras los efectos devastadores que la Covid-19 ha tenido en las residencias de personas mayores y las carencias generales que se han visibilizado en el sector de los cuidados de larga duración, este asunto parece haber pasado a la agenda social y política. Asistimos a un momento importante de donde se escuchan análisis y propuestas sobre distintos temas relacionados con el atención a las personas en situación de dependencia.

Concretamente desde la Unión Europea se trabaja ya en la Estrategia Europea de Cuidados, la cual, en relación a los cuidados de larga duración se plantea el objetivo de lograr servicios asistenciales de alta calidad, asequibles y accesibles, a la par de apostar por lo que se ha venido denominando como el itinerario de la des-institucionalización, priorizando el cuidado en casa y los recursos de enfoque comunitario. Lo que no niega la necesidad, para algunas personas, grupos familiares y situaciones, de un cuidado profesional en alojamientos fuera del propio hogar, aunque sí se reclama un concepto diferente  de estos servicios, de modo que no priven a las personas de sus derechos, del control de su vida cotidiana y de la conexión con su comunidad. 

Estamos, por tanto, ante un momento decisivo de replanteamiento, no exento de controversia, en relación al necesario cambio del actual modelo residencial en nuestro país. Los efectos de la pandemia han contribuido a una mayor conciencia social sobre las carencias del sector y, también, de los efectos negativos de las residenciales tradicionales en cuanto a la calidad de vida de las personas que allí viven y conviven. Insuficiencias referidas a las ratios y salarios profesionales o a la disponibilidad de recursos, pero también a la enorme inadecuación del enfoque sobre qué es realmente importante en el cuidado para proteger la dignidad de las personas. Estamos ante un giro que busca abandonar definitivamente el cuidado institucional y consolidar modos diversos de cuidado profesional en entornos hogareños.

En este contexto, donde se cruzan datos, valoraciones, demandas, interpretaciones de sucesos y propuestas diversas sobre cómo cambiar el modelo residencial, este informe pretende resumir y compartir el conocimiento existente sobre las unidades de convivencia modelo hogareño, una de las fórmulas elegidas para reorientar el modelo tradicional, el cual se erige todavía aún en muchos servicios desde una mirada y lógica más centrada en las tareas y en la organización del servicio que en las personas.

De hecho, desde hace décadas, en los países más avanzados, las unidades de convivencia se han constituido en la principal alternativa con  capacidad para facilitar este tránsito, al mostrar resultados positivos en la mejora de las vidas de las personas implicadas en el cuidado (personas mayores, familias y profesionales de atención directa).

Una nueva concepción de las residencias también ya iniciada en España en estos últimos años, de forma minoritaria, por parte de algunas entidades pioneras (es el caso de Fundación Matía) y también por algunas administraciones públicas. 

Un camino pionero que hemos de poner en valor y que se ve reforzado por el acuerdo en materia de acreditación y calidad para los centros y servicios del SAAD propiciado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el cual convierte a las unidades de convivencia en el principal referente del nuevo modelo residencial de nuestro país.

Por ello resulta fundamental, ahora más que nunca, conocer qué es (y qué no es) una unidad de convivencia, cuando esta se enmarca en el paradigma housing/hogareño, teniendo en cuenta el conocimiento existente, el cual, dicho sea de paso, no solo se nutre de la evidencia científica. Este es el motivo principal que me ha animado a elaborar y compartir este documento. 

                                       

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Este informe aborda, en primer lugar, el origen y la filosofía de este nuevo modelo de cuidado residencial, el cual toma como principal referencia el ambiente-dinámica "hogar" sin por ello renunciar a la calidad que debe tener el cuidado profesional. 

En segundo lugar,  resume las principales características que estas unidades deben tener a tenor del conocimiento existente, así como los principales beneficios constatados en diferentes estudios cuando son comparadas con las residencias tradicionales. 

También señala los principales retos del tránsito en el cambio de modelo en el cuidado de larga duración en nuestro país y algunos riesgos en la aplicación de esta nueva alternativa residencial. Finalmente ofrece algunas recomendaciones (provisionales) para su puesta en marcha.

La transformación del modelo de atención residencial, se enuncia ahora, ¡por fin!, como un objetivo urgente y necesario. Un proceso de cambio que, como se reclama repetidamente, requiere de una financiación suficiente, pero también de una nueva mirada a la calidad del cuidado, basada en un enfoque de derechos de las personas, y para ello, de la implicación y apuesta de muchos actores en cuanto a cómo deben ser los nuevos servicios y las  organizaciones cuya misión es el cuidado de personas en entornos residenciales. 

Hemos de avanzar, progresiva pero decididamente, más allá de la existencia de unos criterios mínimos de calidad compartidos a nivel nacional como marco referencial. Precisamos ahora hacer realidad el cambio. Una necesidad que, afortunadamente, cada vez es más compartida y exigida por la ciudadanía. Una exigencia ciudadana informada puede ser, quizás, el principal factor de éxito para que todo esto sea posible. Porque cuando hablamos de avanzar hacia un nuevo modelo residencial que permita vivir y ser cuidado "como en casa", no todo vale. 

Las personas y sus cuidados. Un cambio que ya no puede esperar más. Mayte Sancho y 11 firmas más.

 

El 1 de abril del 2020, un grupo variado compuesto por profesionales, asociaciones de personas mayores y con diversidad funcional, usuarias y familiares relacionadas con el cuidado de larga duración  y expertos de distintos ámbitos, nos posicionamos con firmeza a través de la Declaración “Ante la crisis del COVID-19: la oportunidad de un mundo mejor”. Un manifiesto público en favor de un necesario cambio en el modelo de cuidados de larga duración en España que tuvo una amplia difusión y que recabó más del millar de firmas.

En esos momentos, no podíamos imaginar las consecuencias que acarrearía esta nueva amenaza vírica para las personas más vulnerables, especialmente, para quienes vivían en residencias. Solo un dato: España figura en los primeros puestos del ranking europeo de fallecimientos durante la pandemia y todavía más arriba en los porcentajes de fallecidos en residencias de personas mayores.

En este escrito, reclamábamos la revisión urgente de nuestro modelo de cuidados de larga duración para así poder dar respuestas diversas, globales y ecosistémicas adaptadas a las necesidades y preferencias de las personas. Nuestra intención era no solo  evitar en el futuro situaciones semejantes a las vividas, sino también generar reflexión sobre el rumbo que debería orientar dicha transformación, situando en todo momento a las personas en el centro de la atención, protegiendo sus derechos y apoyando vidas que merezcan la pena ser vividas.

En los dos últimos años se ha ido generando abundante reflexión y propuestas documentadas desde todos los ámbitos concernidos en este complejo asunto: personas mayores y familiares afectados, profesionales procedentes de diversas disciplinas, asociaciones e instituciones diversas que se han posicionado en defensa de los derechos de las personas, víctimas de un sufrimiento injustificable y excesivo.

Las residencias se han situado en el foco de la atención porque, junto con el elevado número de fallecimientos y el sufrimiento experimentado, ha aflorado nuevamente ese rechazo histórico a estos recursos por buena parte de la ciudadanía. Lo cual no significa dejar de reconocer el inconmensurable esfuerzo y entrega de los miles de profesionales y de familias que han puesto en riesgo su salud y sus vidas por garantizar un cuidado digno a las personas que acompañan.

En este contexto de crisis, la acción de organismos internacionales como la OMS o la UE no se ha hecho esperar. En este último caso, la aspiración de favorecer esa transformación de los cuidados de larga duración ha venido acompañada de recomendaciones claras y explicitas por parte del órgano comunitario, así como de importantes dotaciones de fondos (Next Generation) destinadas a hacer posible un cambio de modelo que reclama un giro en un doble sentido.

• Por un lado, un desarrollo decidido de los servicios domiciliarios, coordinados en el ámbito comunitario, integrando apoyos flexibles y diversos -además de los clásicos sociales y sanitarios- de modo que se pueda garantizar lo que las personas deseamos, que no es otra cosa que poder permanecer en nuestro entorno y en conexión social.
• Por otro lado, afrontar un proceso de desinstitucionalización, el cual es exigido en el art. 19 de la Convención de derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2007). Una propuesta que pretende transformar las actuales plazas residenciales en entornos domésticos, hogareños, modulados en grupos pequeños de personas en situación de dependencia grave y, cómo no, disponiendo progresivamente de más habitaciones individuales, elemento esencial para garantizar la intimidad de quienes allí viven.

Desde la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, se ha trabajado con un claro compromiso en esta línea, siguiendo las recomendaciones europeas y poniendo a disposición los deseados fondos económicos que contribuyan a afrontar este itinerario, complejo, largo, lleno de incertidumbres, pero claramente dirigido a mejorar el bienestar de las personas.

Pretender lograr un acuerdo nacional de criterios mínimos para la acreditación y calidad de los centros y de los servicios de atención a la dependencia, ha sido un planteamiento valiente y necesario. El proceso seguido en estos meses, de gran complejidad por la diversidad de miradas e intereses, ha contado con la participación de diferentes agentes y ámbitos y se ha caracterizado por la escucha.

El actual borrador de acuerdo, con sus luces y sus sombras, supone un salto cualitativo frente al modelo que todavía prevalece en el sector. Sin embargo, parece que hasta el momento no se ha conseguido el imprescindible consenso que permita avanzar desde realidades diferentes hacia un mismo propósito.

Esta situación actual de bloqueo nos preocupa enormemente y, de nuevo, desde nuestro compromiso profesional y ciudadano, queremos compartir nuestra alarma. Porque no llegar a un acuerdo implicaría renunciar a una oportunidad, quizás única, que la pandemia, visibilizando las carencias ya conocidas por muchos, nos ha posibilitado. 

Por esto, a través de este escrito queremos hacer una llamada a la reflexión, al compromiso con las personas y a la altura de miras. Necesitamos afrontar un proceso de transformación serio, honesto, sin interferencias ni intereses políticos ajenos a este asunto. Hay quienes consideran que las propuestas son insuficientes, pero hay que tener en cuenta que partimos de muy atrás, de un modelo sumamente insatisfactorio e inadecuado y de unas enormes dificultades para avanzar. En todo caso, lo que no es admisible admitir, como se ha escuchado en estos días por parte de algunas voces que, en realidad, el modelo actual no precise cambios.  ¿Nos hemos ya olvidado de las muertes y de las carencias visibilizadas? ¿Obviamos la evidencia científica existente sobre las limitaciones de los macrocentros para ofrecer un buen cuidado? ¿Estamos dispuestos a seguir ignorando el necesario avance en competencias profesionales y en su correspondiente remuneración y mejora de las condiciones de vida y trabajo? Y sobre todo ¿dónde queda la dignidad, el bienestar, la salud y la autonomía de los ciudadanos que viven en residencias?

No cabe aceptar incongruencias entre discursos declarativos sobre la necesidad del transformar el actual modelo de cuidados y decisiones posteriores orientadas desde otros intereses. Estamos ante un cambio que obviamente precisa de una financiación suficiente, pero sin olvidar que esta debe ir necesariamente ligada al control de la calidad dispensada, de la garantía de los derechos de las personas que necesitan cuidados, promoviendo el desarrollo profesional, el trabajo decente y permitiendo la real participación de las familias en los centros.

Exigimos, por tanto, que los responsables políticos promuevan y lideren este necesario cambio cultural, alcanzando los consensos imprescindibles para desarrollar un sistema de cuidados de larga duración equiparable al de nuestros homólogos europeos.

Es momento de compromiso real, de decisiones basadas en el conocimiento, de altura de miras y de poner, de verdad, a las personas en el centro de las prioridades políticas. Porque las personas lo merecemos. Porque el cuidado ha de ser entendido como un asunto social, ético. Y por tanto del máximo interés y responsabilidad política.

Firmantes: 

• Mayte Sancho Castiello. Psicóloga gerontóloga.
• Teresa Martínez Rodríguez. Dra. en Ciencias de la Salud, psicóloga gerontóloga. Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias.
• Pura Díaz-Vega. Psicóloga gerontóloga.
• Dolors Comas d´Argemir. Antropóloga. Catedrática emérita de la URV.
• Adelina Comas Herrera. Economista. London School of economics.
• Gerardo Amunarriz Pérez. Dr. en Economía.  Director General de Matía Fundazioa.
• Fernando Fantova Azcoaga. Dr. en Sociología.  Consultor social.
• Pilar Regato Pajares. Médica de Atención Primaria de Salud. Responsable del grupo de personas mayores de la SEMFYC.
• María Izal Fernández de Troconiz. Dra. en Psicología. Catedrática. UAM.
• Ignacio Montorio Cerrato. Dr. en Psicología. Catedrático. UAM.
• Joseba Zalakain Hernández. Periodista. Director del SIIS.
• Victoria Zunzunegui Pastor. Dra. en Epidemiología. Profesora honoraria de la U. Montreal.